El Gobierno británico ha abierto una consulta para introducir licencias locales en los servicios de bicicletas y bicicletas eléctricas compartidas de Inglaterra. La propuesta, publicada el 5 de noviembre, busca establecer reglas nacionales para los operadores y dar a las autoridades locales herramientas para ordenar las flotas y evitar que bloqueen las aceras.
El proceso permanecerá abierto hasta las 23:59 del 31 de diciembre de 2026, según la convocatoria oficial. Por ahora se recogen opiniones sobre cómo diseñar el sistema: el anuncio no significa que todas las nuevas obligaciones hayan entrado ya en vigor ni que se apliquen automáticamente a otras partes del Reino Unido.
Aparcamiento, flotas y mantenimiento
Entre las medidas planteadas figuran planes de estacionamiento, delimitación de las zonas de operación y definición del tamaño de las flotas. Los operadores también tendrían que prever el mantenimiento de las bicicletas y cómo responder a comportamientos ilegales o antisociales. La consulta incluye posibles requisitos de seguro para facilitar reclamaciones cuando se produzcan daños.
El Departamento de Transporte pregunta asimismo si los responsables locales deberían poder fijar tasas y exigir datos a las empresas. Ese intercambio serviría para supervisar los servicios y planificar los desplazamientos. Las decisiones concretas sobre el funcionamiento de las licencias siguen sujetas al proceso de consulta y a la posterior elaboración de las medidas.
Accesibilidad y reglas comunes
La propuesta presta atención a los obstáculos que una bicicleta mal aparcada puede suponer para personas en silla de ruedas, personas con discapacidad visual o quienes empujan un carrito. El objetivo declarado es mantener despejadas las zonas de paso sin eliminar una modalidad de transporte que ya forma parte de los viajes urbanos.
En Londres, el Gobierno trabaja con la alcaldía y Transport for London para estudiar la aplicación coordinada de esos poderes. El planteamiento intenta combinar un marco nacional de mínimos con gestión local. La consulta será el siguiente paso para concretar esa relación entre ayuntamientos, operadores y usuarios antes de cerrar las nuevas reglas.
