El Consejo de Ministros aprobó el 3 de noviembre una reforma del real decreto que regula las zonas de bajas emisiones. Según el Ministerio para la Transición Ecológica, los ayuntamientos obligados a implantarlas deberán acreditar que sus restricciones funcionan y aplicar el régimen sancionador de tráfico. El anuncio apunta en particular a los periodos transitorios que aplazan las sanciones durante un tiempo prolongado.
La modificación se dirige a la puesta en marcha de las zonas. El ministerio sostiene que en algunos lugares se habían dibujado perímetros sin restricciones efectivas o se habían aprobado moratorias demasiado largas. También señala casos en los que consideró insuficiente el área delimitada. El Ejecutivo quiere que el seguimiento de cada zona permita evaluar cómo se cumplen sus restricciones. La reforma modifica el Real Decreto 1052/2022, que establece los requisitos mínimos de estas zonas.
Qué deberán acreditar las entidades locales
La comunicación de los ayuntamientos deberá indicar la entrada en vigor de las prohibiciones o restricciones de acceso, circulación y estacionamiento de vehículos según su potencial contaminante. También tendrá que acreditar la aplicación efectiva de los sistemas que controlan los accesos y permiten seguir el funcionamiento de la zona.
El Gobierno pide que las ordenanzas contemplen y apliquen el régimen sancionador de la normativa estatal de tráfico. El ministerio explica que esta acreditación servirá para evaluar el cumplimiento y podrá utilizarse como referencia en instrumentos de financiación del transporte urbano. La nota describe esas obligaciones de las entidades locales y el marco en que operan.
Cómo afecta a cada ciudad
El anuncio del Consejo no aporta un calendario único de restricciones para los conductores. El perímetro y las condiciones concretas se recogen en las ordenanzas de cada municipio. Los requisitos generales proceden de la normativa estatal, que contempla a los municipios de más de 50.000 habitantes, los territorios insulares y aquellos de más de 20.000 habitantes que superen los límites de calidad del aire.
