El Gobierno británico presentó el 4 de noviembre el Energy Independence Bill, un proyecto de reforma de la regulación energética que combina protección del consumidor, cambios en las facturas e inversiones e infraestructura. Entre sus medidas figuran más facultades para Ofgem y la incorporación de intermediarios y comparadores de precios a su ámbito de supervisión.
El ministerio de Energía plantea estándares comunes para esos servicios, con herramientas para ordenar compensaciones, imponer multas y apartar a operadores que incumplan las reglas. La propuesta responde, según el comunicado oficial, a problemas como comisiones ocultas, venta bajo presión y contratos comercializados de forma inadecuada.
Baterías, eficiencia y apoyo al consumidor
El proyecto permitiría eliminar determinados cargos aplicados a la electricidad que se almacena y después se devuelve a la red. El Gobierno incluye en ese marco las baterías y la recarga bidireccional de vehículos eléctricos. También anuncia cambios en las normas para compartir datos con el fin de identificar hogares que puedan necesitar apoyo energético, manteniendo las garantías de privacidad existentes.
La reforma prevé reforzar las facultades de las autoridades locales para exigir el cumplimiento de las normas de eficiencia energética en inmuebles privados de alquiler. A ello se añade la posibilidad de reorganizar funciones y programas relacionados con la mejora térmica de las viviendas y la transición hacia sistemas de calefacción más limpios.
Permisos e infraestructuras
Otra parte de la iniciativa aborda las autorizaciones y el acceso a terrenos necesarios para reforzar las redes eléctricas. El ministerio plantea además instrumentos para que los proyectos de nueva energía eólica terrestre y determinadas instalaciones solares acuerden beneficios con las comunidades que los acogen. Estas medidas se presentan como propuestas sujetas al desarrollo del proyecto.
En petróleo y gas, el plan distingue entre terminar con nuevas licencias para explorar nuevos yacimientos y mantener producción en áreas que ya cuentan con licencia. El comunicado anuncia también certificados transitorios para áreas exploradas. La presentación del proyecto no permite dar por aprobadas todas estas medidas ni garantizar una reducción concreta en las facturas de hogares o empresas.
