La Sociedad Barcelonesa de Estudios Económicos y Sociales de Foment del Treball ha reclamado un pacto por la seguridad jurídica tributaria y la reducción de la complejidad fiscal. El informe presentado este jueves en Madrid propone reunir a empresas, profesionales, Gobierno y Parlamento para buscar reglas más claras y previsibles. Es una propuesta de la organización, no una reforma aprobada.
El estudio examina costes de cumplimiento, recursos dedicados a comprobaciones y controversias, y posibles efectos sobre la inversión. Foment plantea revisar las fuentes de complejidad, dar más previsibilidad a la política tributaria, reforzar los derechos del contribuyente y mejorar la información disponible.
Dos magnitudes que no deben confundirse
En el escenario de convergencia con las referencias europeas, el documento estima 11.450 millones de euros anuales de recursos empresariales potencialmente liberables. Esa cantidad reúne costes de cumplimiento y fricción. Por separado, plantea 10.440 millones de inversión adicional bajo una hipótesis de aumento del 5 % sobre la base que utiliza el modelo.
La suma de ambas magnitudes alcanza 21.890 millones. El propio informe advierte de que esa operación sirve como referencia de escala: combina conceptos de distinta naturaleza y bases temporales diferentes. No estima un aumento equivalente del PIB, del bienestar o del beneficio neto de las empresas.
Condiciones para que el potencial se materialice
El documento también precisa que los importes son potenciales y dependen de las reformas y de la respuesta empresarial. No son una previsión íntegra para el primer año. Las estimaciones de inversión proceden de supuestos del estudio, por lo que no deben interpretarse como dinero ya invertido o como ahorro disponible para una empresa concreta.
Entre las actuaciones propuestas figuran reducir plazos de consulta, revisar ámbitos de mayor complejidad y mejorar los mecanismos de defensa del contribuyente. Son medidas que Foment quiere trasladar al debate institucional. El informe no modifica las obligaciones actuales ni concede por sí solo nuevos derechos, deducciones o compensaciones a quienes presentan impuestos.
