Las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla deberán transmitir información mensual y comunicar los cambios relevantes en las ayudas del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030. La Orden VAU/1167/2026, publicada el 6 de noviembre en el BOE, regula ese sistema de seguimiento y entra en vigor este sábado, día 7.
La norma desarrolla el plan aprobado en abril y organiza el intercambio de datos con el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana. Los indicadores mensuales deberán remitirse durante los cinco primeros días naturales del mes siguiente. Además, habrá una transmisión cuando cambien datos de gestión, económicos o de objetivos, incluidos la concesión, modificación, revocación y pago de ayudas.
Un sistema entre administraciones
La comunicación se realizará de máquina a máquina a través de la Red SARA. Cada envío tendrá un acuse electrónico con fecha, hora y resultado de las comprobaciones técnicas: aceptado, aceptado con avisos o rechazado. La orden prevé instrucciones técnicas para formatos y validaciones, sin que puedan modificar las obligaciones sustantivas o sus plazos.
Este sistema sirve para controlar la ejecución del plan. No abre una convocatoria ni fija por sí mismo un plazo de solicitud para particulares. La obligación de transmitir los datos recae en las administraciones responsables, por lo que no exige a los ciudadanos tramitar una petición en esa plataforma de intercambio.
Informes y publicación de resultados
Las autonomías presentarán informes trimestrales antes de terminar el mes siguiente al trimestre analizado. Deberán comparar los resultados con los objetivos e identificar desviaciones y medidas correctoras. El informe anual se remitirá antes del 31 de enero del año siguiente e incluirá las actuaciones de control, las irregularidades detectadas y las medidas adoptadas para corregirlas.
El ministerio podrá acordar la publicación de indicadores agregados, preservando los datos personales y la confidencialidad. La actualización dependerá de la validación y consolidación de la información: la entrada en vigor no significa que todas las cifras estén ya disponibles públicamente. El cambio concreto es un marco de seguimiento con transmisiones y plazos definidos para comprobar cómo se ejecuta el plan.
