El Govern de les Illes Balears ha definido este lunes 9 de noviembre con los sectores económicos un segundo paquete de respuesta al encarecimiento de los costes, por 125,25 millones de euros. La presidenta, Marga Prohens, ha encabezado la reunión en Ca n’Oleo. El Ejecutivo sitúa su puesta en marcha al inicio de 2027.
La propuesta distribuye el importe entre financiación y liquidez para empresas y autónomos, nuevas ayudas directas, medidas fiscales y revisión de precios de contratos públicos. El anuncio describe el diseño del paquete y su horizonte temporal; no presenta esos 125,25 millones como dinero ya abonado a sus destinatarios.
Qué cantidades se plantean para cada sector
El bloque de financiación y liquidez asciende a 50 millones de euros. Las ayudas directas previstas suman otros 25,25 millones: diez para el sector primario, 7,6 para el transporte y 7,65 para la industria, la construcción y el comercio. El Govern indica que tendrán en cuenta la doble y la triple insularidad.
La partida de ayudas directas es de 25,25 millones; el resto se reparte entre financiación, medidas fiscales y revisión de precios de obra pública. Esta distinción permite separar las subvenciones previstas de los demás mecanismos que componen la respuesta económica.
El Ejecutivo calcula un impacto de cinco millones para mantener dos medidas fiscales: extender a 2027 la deducción autonómica ligada a préstamos o créditos hipotecarios a tipo variable y conservar la bonificación de tasas de Puertos IB para actividades económicas y pescadores. También prevé mantener medidas de agilización administrativa.
La revisión de las obras tiene una partida propia
Otros 45 millones se destinan en la propuesta a revisar los precios de adjudicaciones de obra pública. El Govern vincula este mecanismo a garantizar la ejecución de las inversiones. La nota diferencia así esa revisión de contratos de las ayudas directas para los sectores productivos.
El segundo paquete da continuidad al aprobado en abril, cifrado por el Govern en 160,75 millones de euros. El documento del lunes distingue ese primer conjunto de medidas de la propuesta para 2027 y de su calendario previsto de puesta en marcha.
