La Cambra de Comerç de Barcelona ha reclamado este 9 de noviembre que la futura ley catalana de derechos culturales acompañe las obligaciones para empresas y autónomos con financiación, apoyo técnico y plazos realistas. Pide graduarlas según el tamaño, la naturaleza jurídica y la capacidad de cada agente.
La corporación propone limitar determinadas exigencias adicionales a la actividad subvencionada y al tiempo que dure el apoyo público. Reclama que salas de conciertos, cines, teatros, productoras, editoriales y galerías sean reconocidos como agentes del sistema cultural, además de destinatarios de obligaciones.
Qué cargas pide ajustar
Entre los ámbitos que señala figuran la accesibilidad, los planes de acceso, la participación ciudadana, la información y gestión de datos y los proyectos educativos o sociales. Para aplicar esas exigencias, solicita recursos específicos, apoyo técnico, trámites más sencillos y un calendario que permita adaptarse a cada organización.
La Cambra también pide reforzar los circuitos de distribución, exhibición y programación para que la creación llegue al público. Considera especialmente importante ese apoyo para las pymes culturales, las compañías independientes y los creadores emergentes, junto a la cooperación entre equipamientos y la oferta territorial.
Financiación y presencia empresarial
Sobre el compromiso presupuestario del 2%, pide destinarlo efectivamente al departamento competente en cultura, con un desglose del apoyo a entidades públicas, empresas y autónomos. Su petición es evitar que partidas transversales desdibujen ese porcentaje.
En la gobernanza, propone incorporar de forma estable a las organizaciones representativas del tejido económico cultural en la Mesa de Participación Cultural y el Observatorio de la Cultura. También reclama un marco presupuestario plurianual que dé continuidad a las políticas del sector.
Como antecedente, el Parlament informó el 11 de febrero de 2026 de que el proyecto había superado el debate de totalidad y seguiría en ponencia y comisión antes de una votación final.
La novedad de hoy es la posición de la Cambra sobre financiación y proporcionalidad. Sus propuestas no acreditan por sí mismas que existan obligaciones nuevas en vigor ni que ese 2% esté ya ejecutado.
