El Gobierno de Canarias ha aprobado un decreto ley que abre la posibilidad de elevar de diez a doce los domingos y festivos de apertura comercial al año en cada isla. Según el anuncio del Consejo de Gobierno del 9 de noviembre, la ampliación no será automática para todo el archipiélago: las comisiones insulares de comercio podrán proponer hasta dos jornadas adicionales.
La regla general de diez días se mantiene. El Ejecutivo también anuncia que los centros comerciales y establecimientos con más de 300 metros cuadrados de superficie de venta podrán elegir sus diez o, en su caso, doce jornadas en cada municipio donde operen. Tendrán que comunicar cada año el calendario elegido tanto a la Administración como al público.
El calendario y las condiciones importan
La aprobación gubernamental del paquete no equivale a fijar qué domingos abrirá cada comercio. El comunicado describe la modificación anunciada, pero no ofrece un calendario insular de aperturas ni una fecha de entrada en vigor. Para aplicar las nuevas opciones habrá que atender al texto publicado y a las condiciones y comunicaciones que correspondan.
El decreto ley modifica también el marco de las licencias comerciales. La información oficial prevé tramitar simultáneamente la licencia autonómica y los títulos municipales, además de eliminar el carácter obligatorio de determinados informes sectoriales. El objetivo declarado es simplificar el procedimiento; el anuncio no acredita todavía una reducción efectiva de los tiempos de espera.
En consumo, el Ejecutivo incorpora la mediación como vía alternativa para resolver conflictos. También anuncia una reorganización de competencias sancionadoras y cambios en los plazos de prescripción. Estas medidas forman parte del mismo paquete y no suponen que una reclamación concreta vaya a quedar resuelta automáticamente.
Otra modificación amplía de tres meses a un año el plazo máximo para resolver y notificar procedimientos sancionadores de industria. El Gobierno precisa un límite temporal relevante: se aplicará únicamente a los expedientes iniciados después de la entrada en vigor del decreto ley. No presenta esa ampliación como una extensión general de todos los procedimientos ya abiertos.
