La Fiscalía de Baleares ha acordado presentar una querella contra Pedro Bestard, vicepresidente segundo del Consell de Mallorca y dirigente de Vox, por el supuesto uso fraudulento de vehículos oficiales. La decisión llega después de una investigación iniciada a raíz de una denuncia del grupo socialista de la institución, según Europa Press y 20minutos.
La denuncia cuestiona la utilización de coches y recursos públicos y plantea posibles delitos. Esa es la acusación que deberá examinarse; la presentación de una querella no equivale a una condena ni permite dar por probadas las conductas denunciadas.
La denuncia inicial del grupo socialista se presentó el 2 de julio, según la información de Europa Press sobre los antecedentes del procedimiento.
Qué habían concluido los informes internos
Los informes elaborados por el Consell detectaron un uso exclusivo de tres vehículos sin que constara una autorización que lo amparase en esos términos. Al mismo tiempo, según la cobertura de 20minutos, no pudieron determinar de forma categórica un uso indebido.
Ambas conclusiones son relevantes y deben leerse juntas. La ausencia de una autorización específica y la acreditación de un uso privado irregular plantean preguntas diferentes. Omitir una de ellas inclinaría el relato antes de que el procedimiento aclare los hechos.
La respuesta política no sustituye la judicial
El grupo socialista ha exigido la destitución de Bestard. El Consell había cerrado su revisión interna con una instrucción para regular los vehículos oficiales, sin adoptar entonces medidas contra el vicepresidente, de acuerdo con las fuentes consultadas.
La querella abre una nueva fase respecto a aquella revisión administrativa. Para seguirla habrá que atender a las decisiones del juzgado, a las diligencias que se admitan y a la documentación sobre desplazamientos y gastos.
El estándar debe ser el mismo con cualquier partido: explicar quién acusa, qué indicios se describen y qué se ha acreditado realmente. El uso de dinero y medios públicos exige rendición de cuentas; la presunción de inocencia exige no convertir una sospecha en un veredicto anticipado.
