La Dirección General de Costas del Gobierno de Canarias presentó el 3 de noviembre el borrador de su futura ley del litoral a los colectivos afectados por la Ley de Costas. El director general, Antonio Acosta, expuso en la Comisión Mixta las líneas que estudia el Ejecutivo para los núcleos costeros tradicionales, entre ellas la mejora de servicios públicos y posibles vías para ordenar su situación.
Acosta señaló que la propuesta pretende conservar esos asentamientos y tener en cuenta el arraigo de las familias. El Gobierno plantea un estudio por núcleo porque las circunstancias cambian de un enclave a otro. La reunión puso sobre la mesa diferentes vías para examinar una posible legalización, pendientes de ese análisis y del desarrollo de la norma.
Un censo antes de tomar decisiones
Costas y la empresa pública Grafcan trabajan en un censo de los núcleos del archipiélago. La dirección general prevé una nueva encomienda este año para ampliar la identificación de asentamientos. El registro debe recoger cómo son los enclaves, el estado de ocupación de las viviendas y su relación con el dominio público marítimo-terrestre y las zonas de servidumbre.
Según la consejería, hoy falta un registro completo que permita saber cuántos núcleos hay, cuántas viviendas están habitadas y cuántas personas se ven afectadas por la normativa de costas. El censo es la herramienta con la que el Gobierno espera precisar esas cifras antes de valorar alternativas.
El borrador sigue abierto a aportaciones
Acosta invitó a las asociaciones vecinales y a las personas afectadas a consultar el borrador y presentar propuestas. El encuentro fue una presentación dentro de ese proceso. La situación de cada enclave sigue pendiente de su análisis individual y el anuncio de la comisión describe las opciones en estudio, sin fijar una solución común para todos los núcleos costeros. La consejería sitúa la participación vecinal en la fase de elaboración del texto.
