La Comisión Europea abrió este 10 de noviembre una consulta para revisar sus directrices electorales bajo el Reglamento de Servicios Digitales, DSA. El borrador se dirige a las plataformas y buscadores designados de muy gran tamaño y admite aportaciones hasta el 23 de noviembre. La revisión sigue en consulta: las nuevas recomendaciones no se presentan como un texto definitivo ya aprobado.
La actualización aborda la inteligencia artificial generativa y las técnicas de manipulación informativa. Parte de las directrices de 2024 y de la experiencia reunida durante dos años, incluida la del Código de Conducta sobre Desinformación. La Comisión resume la propuesta en cinco áreas de cambio.
Algoritmos, deepfakes y protección de candidatos
El primer bloque plantea detectar de forma temprana comportamientos coordinados no auténticos y desmantelar las redes que los sostienen. El segundo se centra en los sistemas de recomendación: evaluar tendencias sospechosas, probar los algoritmos frente a la manipulación antes de elecciones nacionales y registrar los principales cambios realizados durante los seis meses anteriores a una votación.
En relación con la IA, el documento propone identificar claramente los deepfakes y conservar su etiqueta cuando otros usuarios los compartan. El borrador también contempla mantener las marcas visibles al descargar o exportar ese contenido, y mecanismos de supervisión y reclamación para corregir etiquetas aplicadas por error a material auténtico.
Otra de las áreas busca mejorar la protección de candidatos mediante canales específicos de comunicación con las plataformas y una respuesta rápida ante amenazas, acoso o suplantaciones. El texto exige un enfoque neutral y distinguir la crítica política legítima, la sátira y otras expresiones lícitas de los contenidos o conductas que deban examinarse.
El informe confidencial y la versión pública son distintos
El quinto bloque se refiere a la rendición de cuentas. El borrador plantea remitir un balance poselectoral a la Comisión y al coordinador nacional de servicios digitales dentro de los treinta días siguientes a la elección, de manera confidencial. Por separado, propone publicar una versión accesible al público, con las reservas necesarias para proteger derechos, privacidad, seguridad o secretos comerciales.
Ese plazo de treinta días corresponde a la remisión a las autoridades, no debe confundirse con una obligación nueva ya vigente de publicar todo el informe. La consulta permite opinar sobre el diseño propuesto antes de que la Comisión cierre la revisión.
