El BOE ha publicado este 10 de noviembre el convenio entre la Dirección General de la Policía y la ONCE para mejorar la protección de las personas afiliadas y de quienes venden sus productos de lotería. El acuerdo se firmó el 28 de octubre: la publicación de hoy da a conocer su texto oficial, sin convertir esa fecha en una nueva firma.
La colaboración contempla cursos y sesiones informativas de autoprotección para agentes vendedores. La Policía participará en la preparación de los contenidos relacionados con su competencia y en encuentros directos e interactivos sobre seguridad en el trabajo cotidiano.
Información accesible y prevención digital
Los canales de información podrán utilizar trípticos, vídeos, grabaciones de audio y otros formatos adecuados. Por su parte, la ONCE colaborará en la traducción al braille de las publicaciones preventivas en papel de la Unidad Central de Participación Ciudadana, además de facilitar locales, personal y medios materiales para los programas.
El convenio también prevé adaptar actividades del Plan Mayor Seguridad a las personas mayores de la ONCE. Las acciones formativas deben tener en cuenta las necesidades del colectivo y serán impartidas por funcionarios de la Policía Nacional.
Las dos entidades acuerdan intensificar la prevención, detección y respuesta ante incidentes de cibercriminalidad. Entre las actuaciones posibles figuran incorporar los delitos tecnológicos a la formación, establecer canales específicos de comunicación y orientar la presentación de denuncias.
Otra parte de la cooperación se dirige a intercambiar información sobre actividades de juego sin autorización administrativa y a canalizarla hacia la autoridad competente. La ONCE colaborará a través de su unidad de prevención del fraude cuando existan requerimientos o indicios de conductas presuntamente ilícitas.
Cuatro años desde la eficacia registral
El texto no prevé un incremento del gasto público ni contraprestaciones económicas entre los firmantes. Una comisión con dos representantes de cada entidad debe reunirse, al menos, una vez al año para evaluar el cumplimiento.
La vigencia de cuatro años comienza cuando el convenio sea eficaz tras su inscripción en el registro estatal de instrumentos de cooperación, no automáticamente por aparecer en el BOE. También contempla una posible prórroga de hasta otros cuatro años, mediante acuerdo y los trámites previstos. El documento establece compromisos de colaboración; no ofrece un balance de delitos evitados.
