Castilla-La Mancha ha publicado unas nuevas bases de ayudas para actividades de prevención de riesgos laborales que incorporan una línea específica dirigida a las personas trabajadoras autónomas. La Orden 155/2026 aparece en el Diario Oficial de la comunidad del 9 de noviembre y entra en vigor el 10, al día siguiente de su publicación.
La diferencia práctica está en quién puede pedir la subvención: en esa línea, las beneficiarias previstas son las asociaciones profesionales de autónomos de ámbito estatal o autonómico. Los trabajadores por cuenta propia son los destinatarios de las actuaciones, no los solicitantes individuales de un pago por el hecho de estar dados de alta.
Las bases no abren por sí solas el plazo de solicitud
La norma establece que cada procedimiento comenzará con una convocatoria publicada en la Base de Datos Nacional de Subvenciones y en el DOCM. El plazo se fijará en esa convocatoria y no podrá ser inferior a diez días desde el día siguiente a la publicación de esta y de su extracto. La entrada en vigor de las bases, por tanto, no debe confundirse con un calendario de solicitudes ya abierto.
El sistema será de concurrencia competitiva: se compararán los proyectos conforme a los criterios de valoración y al crédito disponible. Las solicitudes se presentarán por vía telemática, con firma electrónica y mediante el formulario que establezca la convocatoria correspondiente.
La línea para autónomos contempla proyectos sectoriales o intersectoriales destinados a fomentar la seguridad, la salud laboral y la cultura preventiva. Quedan excluidas de esa línea las acciones de asistencia técnica. Tampoco se financian las actuaciones orientadas a cumplir las obligaciones preventivas empresariales que la propia orden excluye, por lo que el programa no sustituye los deberes legales de una empresa.
El marco incluye otras dos líneas, para actuaciones intersectoriales y sectoriales. Sus destinatarios son trabajadores y empresas, con atención especial a las pequeñas compañías de Castilla-La Mancha, definidas aquí como las de menos de cincuenta trabajadores. Las bases diferencian así la entidad que ejecuta y recibe la subvención de las personas o empresas a las que llega la actividad preventiva.
