El BOE publica este lunes 9 de noviembre el reglamento que desarrolla el Estatuto de la ciudadanía española en el exterior. El Real Decreto 954/2026, fechado el 4 de noviembre, ordena la protección y la participación de las personas españolas fuera del país y las políticas dirigidas a quienes regresan para establecerse en España.
La publicación permite conocer el texto definitivo, pero su aplicación general no comienza este lunes: la entrada en vigor se fija a los veinte días de aparecer en el BOE. Determinados supuestos de asistencia sanitaria del artículo 58.2, letras c), d), e) y f), tienen un plazo diferente, de un año desde la publicación.
Cómo se acredita el retorno
El reglamento regula un certificado para acreditar la condición de persona española retornada. La definición incluye a personas de nacionalidad española de origen nacidas tanto en España como en el extranjero que vuelvan o se trasladen al país para residir de forma definitiva. Exige acreditar al menos doce meses de inscripción en el Registro de Matrícula Consular antes de la baja.
El certificado recogerá la nacionalidad española de origen, la baja consular, el país de procedencia y la fecha de retorno, vinculada al empadronamiento. Para solicitarlo se prevén, entre otros documentos, el certificado literal de nacimiento actualizado y los certificados de baja consular y empadronamiento histórico, individual y colectivo.
La solicitud se presentará preferentemente en el Portal de la Ciudadanía Española en el Exterior, aunque también se admiten los registros y oficinas previstos en la legislación administrativa. La Dirección General competente comprobará los requisitos y dispondrá de un máximo de tres meses para resolver y notificar.
Las ayudas mantienen sus propios requisitos
El texto encarga al Gobierno regular, en un máximo de un año desde la entrada en vigor, una ayuda al retorno para españoles de origen de 18 a 65 años en situación de vulnerabilidad económica, con una cuantía básica de 4.000 euros. Esa disposición remite a una norma posterior que fijará acceso, concesión y pago; no abre por sí misma una prestación inmediata.
El certificado tendrá validez en todo el territorio nacional, pero las administraciones podrán establecer sus propios requisitos para ayudas financiadas con sus presupuestos. Además, las solicitudes y expedientes iniciados antes de la entrada en vigor seguirán tramitándose conforme a la normativa vigente cuando se presentaron.
