Los anuncios de habitaciones y de alquiler de temporada suman el 55,8% de la oferta analizada en un estudio publicado por el Ministerio de Consumo con la coordinación de Javier Gil, investigador del IFS-CSIC. El resultado se refiere a 381.997 anuncios de Idealista en 53 ciudades, no al conjunto de los contratos de alquiler de España.
En esa muestra, las habitaciones representan el 47,7% y la temporada el 8,1%. Las viviendas completas destinadas a residencia habitual reúnen el 44,2%. Los recuentos son 182.222 anuncios de habitaciones,30.978 de temporada y 168.797 residenciales. Juntar las dos primeras categorías no convierte todos esos anuncios en pisos completos de alquiler temporal.
Contar anuncios y estimar viviendas da resultados distintos
El informe explica que un piso compartido puede generar varios anuncios, uno por habitación. Para estimar cuántas viviendas hay detrás, pondera cada anuncio de habitación por el inverso del número de dormitorios del piso. Así, tres anuncios de habitaciones en una vivienda de tres dormitorios equivalen a una vivienda en ese cálculo.
Con ese método, el reparto estimado cambia: el 68,4% corresponde a alquiler residencial, el 19,1% a viviendas compartidas y el 12,5% a temporada. Son estimaciones de la oferta anunciada, no un censo de inmuebles únicos ni una medición de los contratos que terminaron firmándose.
Una muestra anterior a la reforma de octubre
La metodología recoge anuncios activos en algún momento entre el 27 de marzo y el 22 de septiembre de 2026, con un registro por anuncio. El ámbito incluye las 50 capitales de provincia, Ceuta, Melilla y Mérida. No representa todos los municipios españoles y deja fuera localidades costeras e insulares relevantes para esta modalidad.
Los autores advierten además de que una misma vivienda de temporada puede reaparecer si vuelve a alquilarse durante el periodo observado. Esa repetición puede elevar su peso en anuncios frente al parque disponible.
La investigación describe ofertas y precios solicitados, no rentas finalmente pagadas. Sus datos son anteriores a la reforma de octubre y se presentan como una referencia para evaluaciones posteriores; no permiten medir por sí solos qué efecto tuvo esa reforma.
