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EL PULSO DE LO QUE ESTÁ PASANDO

Consumo investiga cargos en billetes de autobús y reembolsos incompletos

El ministerio abre un expediente a una compañía cuya identidad no comunica. Examina presuntos precios por goteo y retención de gastos al cancelar viajes.

Ahora, con contexto

Lo esencial de esta historia

Confirmado
Por qué importa
Los importes anunciados describen el régimen sancionador que podría aplicarse; no son multas ya impuestas ni cantidades que cada viajero vaya a recuperar automáticamente.

Última comprobación:

Fachada del edificio ministerial del Paseo del Prado en Madrid, en una fotografía de archivo
Edificio ministerial del Paseo del Prado en Madrid, con la antigua rotulación de Sanidad y Consumo. Fotografía de archivo; no muestra el anuncio del expediente del 7 de noviembre de 2026. Tamorlan / Wikimedia Commons · CC BY 3.0. https://creativecommons.org/licenses/by/3.0

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha abierto un expediente sancionador a una empresa de autobuses por dos posibles prácticas: añadir gastos de gestión al final de la compra y no devolverlos cuando se cancela un viaje. El anuncio, fechado el 7 de noviembre, no identifica a la compañía y no supone una sanción firme.

La Dirección General de Consumo explica que ha recabado indicios de una presentación engañosa del precio y de cláusulas que podrían ser abusivas. El procedimiento examinará ambas conductas. El ministerio recuerda expresamente que iniciar un expediente no prejuzga cuál será su resultado, una distinción esencial para no presentar las sospechas como hechos acreditados.

Un precio que aumenta al terminar la compra

La primera conducta investigada es el llamado precio por goteo: los gastos de gestión aparecerían cuando el cliente ya ha introducido sus datos y avanzado en la contratación. Según Consumo, esa forma de mostrar el importe dificulta comparar ofertas, porque el precio completo del billete no resulta visible desde el principio.

El departamento recuerda que la Ley de Servicios de Atención a la Clientela incorporó expresamente esos gastos al precio final que debe anunciarse desde el inicio. Para la posible infracción por publicidad engañosa, el comunicado menciona multas de hasta 100.000 euros o de entre cuatro y seis veces el beneficio ilícito obtenido, si se confirma la conducta.

La devolución de los gastos también se examina

El segundo frente afecta a los viajes anulados. Consumo investiga si la compañía retenía los gastos de gestión en lugar de devolver todo lo pagado. Considera que las cláusulas utilizadas para justificarlo podrían ser abusivas y cita sanciones de hasta un millón de euros o entre seis y ocho veces el beneficio ilícito, de acreditarse esa infracción.

El ministerio sitúa este caso como el segundo expediente del año por posibles precios engañosos en el transporte, tras otro abierto en verano. Los importes anunciados describen el régimen sancionador que podría aplicarse; no son multas ya impuestas ni cantidades que cada viajero vaya a recuperar automáticamente. La resolución del procedimiento sigue pendiente.

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