El Ministerio del Interior británico anunció el 4 de noviembre un plan para reforzar las garantías del reconocimiento facial utilizado por la policía. Las medidas incluyen la creación de un supervisor independiente y una norma específica que exija un uso proporcionado y basado en información policial. Son cambios anunciados por el Gobierno, sin una fecha de entrada en vigor concretada en el comunicado.
El Home Office plantea que la tecnología se utilice cuando los agentes tengan motivos para considerar que en una zona pueden encontrarse personas buscadas. También prevé exigir pruebas rigurosas e independientes frente a posibles sesgos o discriminación relacionados con la edad, el sexo o la raza.
Supervisión y posibles medidas judiciales
El nuevo organismo asesoraría sobre estándares, examinaría el uso de tecnologías actuales y futuras y trasladaría recomendaciones a los ministros. Según el plan, los incumplimientos graves podrían dar lugar a actuaciones que terminaran en una orden judicial que impidiese a una fuerza policial seguir utilizando esas herramientas.
Interior afirma que elaborará un código de práctica legal para la policía en consulta con el supervisor. El objetivo declarado es ordenar unos requisitos que actualmente están repartidos entre distintas normas. El comunicado sitúa estas medidas después de una consulta pública sobre el uso de la tecnología y sus garantías.
También se prevén reglas para empresas
El Gobierno anuncia además un código separado para el sector privado, incluidos los comercios que emplean reconocimiento facial para afrontar delitos. Esa vía se presenta como un marco complementario al trabajo policial, con reglas para su utilización responsable. El documento no equipara automáticamente las facultades de una empresa con las de las fuerzas de seguridad.
Las nuevas propuestas siguen a una inversión anunciada de once millones de libras para ampliar las furgonetas policiales con reconocimiento facial en directo en Inglaterra y Gales. El comunicado combina ese despliegue con la preparación de nuevas salvaguardias; no acredita por sí solo que todas las aplicaciones de la tecnología estén libres de sesgos o que produzcan un resultado concreto sobre la delincuencia.
