El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha permitido que continúe la construcción de barreras e infraestructuras fronterizas en el sector de Big Bend, en Texas. La resolución del 9 de noviembre suspende la medida cautelar que había detenido las obras mientras avanza la disputa judicial sobre las exenciones de normas ambientales y de conservación.
La consecuencia inmediata es que desaparece ese freno judicial al proyecto. El Supremo concede una suspensión provisional, vinculada al procedimiento de revisión del caso: no dicta una sentencia definitiva sobre el conjunto del litigio ni certifica que los trabajos se hayan reanudado materialmente.
El conflicto parte de la autoridad que una ley federal de 1996 concede al secretario de Seguridad Nacional para dispensar requisitos legales y acelerar determinadas obras fronterizas. Un guía fluvial y dos organizaciones cuestionaron esas dispensas ante un juzgado federal de Texas, que las bloqueó mediante una orden del 2 de octubre.
El límite de la revisión judicial
La mayoría del Supremo considera muy probable que el Gobierno prospere en su argumento sobre la falta de competencia del juzgado. Según la resolución, la ley limita esta revisión a reclamaciones constitucionales, y alegar que el Ejecutivo excedió una autorización legal no convierte por sí solo esa reclamación en constitucional.
El tribunal también sopesa el interés del Gobierno en la seguridad fronteriza y los perjuicios ambientales, recreativos y paisajísticos alegados por los demandantes. La jueza Ketanji Brown Jackson habría rechazado la solicitud de suspensión; la resolución deja constancia de su discrepancia sin desarrollar un voto separado.
Earthjustice, que representa a la National Parks Conservation Association y al Sierra Club como entidades que apoyan a los demandantes mediante un escrito judicial, criticó la decisión. La organización advirtió del riesgo para los ecosistemas y paisajes del parque nacional de Big Bend. Es la valoración de las entidades contrarias al proyecto.
La duración de la suspensión tiene condiciones concretas. Si el Gobierno solicita a tiempo la revisión del caso y el Supremo la rechaza, la suspensión finalizará automáticamente. Si la admite, se mantendrá hasta que se remita la resolución del tribunal. Ese calendario procesal distingue el permiso provisional para continuar de una decisión final sobre el litigio.
