Fernando Clavijo ha comunicado este 10 de noviembre que el Gobierno de España ha acogido las ocho medidas extraordinarias planteadas por Canarias para atender la presión migratoria, especialmente en El Hierro. El presidente autonómico hizo el balance después de la reunión de la Comisión Interministerial de Inmigración, según la información difundida por su Ejecutivo.
El anuncio describe compromisos que todavía deben ejecutarse. Clavijo ha precisado que algunas medidas, en particular las vinculadas a la cooperación internacional y a la Unión Europea, necesitan un desarrollo posterior. Su valoración del encuentro no acredita por sí sola que los nuevos recursos estén ya desplegados.
Un millón adicional para la primera atención
Según el presidente canario, a los 15,8 millones de euros extraordinarios ya habilitados por el Estado se sumará un compromiso de un millón adicional para reforzar la asistencia sanitaria a través de Cruz Roja. El objetivo anunciado es aliviar la presión sobre los servicios de El Hierro y su hospital.
El balance incluye compromisos para aumentar los efectivos de Policía Nacional y Guardia Civil, reforzar la traducción e interpretación y agilizar los trámites de identificación y derivación. También se prevé incorporar otra embarcación al dispositivo de Salvamento Marítimo y mejorar la disponibilidad de personal para sus turnos.
Compensaciones y fiscalidad pendiente
Clavijo ha reclamado que las compensaciones alcancen a residentes y sectores económicos de El Hierro afectados por la situación, entre ellos empresas y autónomos ligados al turismo, la restauración, el buceo y la pesca. La comunicación autonómica recoge el compromiso estatal de habilitar recursos para esas compensaciones, sin detallar una convocatoria o un calendario de pagos.
La posible aplicación de beneficios en el IRPF a la población de La Restinga quedó pendiente de estudio por Hacienda, según el presidente. Es una propuesta fiscal examinada en la reunión, no una deducción aprobada que pueda aplicarse ya.
Según ese balance, la comisión también acogió la propuesta de coordinación semanal con el Estado mediante un mecanismo existente, en lugar de crear otro órgano. Ese seguimiento deberá permitir revisar las necesidades y la ejecución de los compromisos. La diferencia entre el acuerdo político anunciado y su aplicación efectiva seguirá siendo la clave del próximo balance.
