Canarias ha publicado este 9 de noviembre el reglamento de los establecimientos turísticos de alojamiento al aire libre, aprobado mediante el Decreto 170/2026. La norma entrará en vigor a los tres meses de su publicación en el Boletín Oficial de Canarias. Los establecimientos que ya existan entonces dispondrán de cinco años para adaptarse.
El reglamento distingue cinco tipologías: campings, áreas de acampada de autocaravanas y caravanas en tránsito, áreas de pernocta de esos vehículos, acampadas en edificaciones rurales aisladas y alojamientos turísticos singulares. Se encuadran dentro de la modalidad extrahotelera.
El plazo de adaptación no equivale a una autorización para abrir una instalación en cualquier terreno. El texto mantiene la aplicación de las normas turísticas y del resto de la legislación sectorial correspondiente. Además, fija prohibiciones y limitaciones de ubicación para estos establecimientos.
Estacionar no siempre equivale a acampar
El decreto considera que una autocaravana no está acampada cuando permanece en una zona de estacionamiento autorizada, conforme a las reglas de tráfico y municipales, sin ampliar su perímetro mediante elementos desplegables, apoyada en sus propias ruedas sin calzos y sin verter sustancias o residuos a la vía.
Es una definición con condiciones: no convierte cualquier aparcamiento en un lugar habilitado para acampar. El reglamento prohíbe la acampada libre turística sin una facultad, autorización o derecho de uso sobre el terreno, y también la oferta del servicio fuera de los establecimientos regulados.
La norma deja fuera de su ámbito determinados supuestos, como las acampadas en espacios naturales protegidos, Red Natura 2000 y montes públicos, que se rigen por su normativa específica. Esa exclusión no constituye un permiso general para acampar en ellos.
También contempla zonas provisionales habilitadas por ayuntamientos en municipios sin establecimientos de las tipologías indicadas. Ese régimen excepcional tiene un máximo de cinco años desde la entrada en vigor. Si abre un establecimiento regulado en el municipio, el cierre de la zona provisional deberá producirse en seis meses desde que su explotador comunique al ayuntamiento la apertura y puesta en funcionamiento.
