La Gambling Commission de Gran Bretaña ha anunciado que amplía su actuación frente al juego ilegal para presionar también sus pagos, activos y proveedores. El regulador quiere intervenir sobre los modelos de negocio que sostienen a los operadores, además de retirar páginas y enlaces de internet.
Su directora ejecutiva de Operaciones, Sue Young, afirma que desde enero la comisión ha remitido más de 40 millones de libras de presunto origen delictivo a otras agencias para un posible bloqueo de activos. La cifra corresponde a fondos señalados para su examen, no a una cantidad que el comunicado dé por congelada o recuperada.
El enfoque incluye dificultar los pagos, la publicidad y el acceso de operadores ilegales a juegos y plataformas de apuestas. La comisión presenta estas actuaciones como una ampliación del trabajo que ya realizaba contra sitios web, con colaboración de agencias policiales y socios del sector financiero y tecnológico.
Enlaces retirados y negocios investigados son medidas distintas
En su balance, el organismo cifra en más de 7,8 millones las URLs remitidas a buscadores y en más de 3 millones las retiradas de los resultados de búsqueda. También comunica más de 2.200 sitios remitidos para actuaciones destinadas a interrumpir su actividad.
Esas magnitudes no son intercambiables: una URL es una dirección de internet, mientras que un sitio puede reunir múltiples direcciones. El balance describe remisiones, retiradas de resultados y actuaciones sobre páginas; no permite convertir cada enlace en un operador distinto ni en una persona afectada.
El regulador añade más de 1.000 requerimientos de cese dirigidos a operadores ilegales en lo que va del ejercicio 2026/27. Son actuaciones que la propia comisión incluye en su seguimiento de la actividad, junto al trabajo sobre los fondos sospechosos.
El anuncio coincide con la primera semana internacional de concienciación sobre juego ilegal, del 9 al 13 de noviembre, promovida por la asociación de reguladores IAGR. La comisión plantea reforzar el intercambio de información, la detección temprana y la colaboración con empresas y fuerzas de seguridad para mantener la presión sobre esas actividades.
