El Boletín Oficial de Canarias publica este 9 de noviembre el Decreto 169/2026 sobre convivencia escolar y bienestar educativo. La norma, aprobada el 30 de octubre, entrará en vigor veinte días naturales después de su publicación. A partir de esa entrada en vigor, los centros tendrán un año como máximo para revisar sus reglamentos internos y planes de convivencia.
La publicación abre, por tanto, dos plazos distintos: uno para que comience a aplicarse el decreto y otro para actualizar los documentos de los centros. El texto sustituye el Decreto 114/2011, con las reglas transitorias que mantiene para expedientes y protocolos ya existentes.
Su ámbito comprende las enseñanzas no universitarias de titularidad pública y, en su caso, los centros privados financiados con fondos públicos. Los privados no sostenidos con esos fondos conservan autonomía para establecer su régimen interno, dentro de los derechos y libertades reconocidos por la legislación educativa.
La convivencia incluye también los entornos digitales
El Plan de convivencia deberá contemplar prevención del acoso y del ciberacoso, resolución pacífica de conflictos y actuaciones sobre igualdad y no discriminación. El decreto incorpora expresamente la alfabetización digital y el uso responsable de las tecnologías dentro de las medidas del plan.
Las normas de aula se elaborarán durante el primer mes del curso por el profesorado y el alumnado de cada grupo, con coordinación de la tutoría. Su aprobación requerirá la mitad más uno del alumnado presente ese día, y su cumplimiento se evaluará al menos una vez por trimestre.
El texto atribuye una finalidad educativa y restaurativa a las medidas correctoras, teniendo en cuenta las condiciones personales del alumnado. También exige confidencialidad de los datos y medidas específicas para proteger la información de estudiantes en situación de especial vulnerabilidad.
La transición no deja sin efecto inmediato los protocolos específicos de actuación. El decreto mantiene los existentes, entre ellos los de acoso escolar y protección de la infancia, hasta que sean actualizados conforme al nuevo marco.
