ACNUR ha pedido que las personas refugiadas y desplazadas formen parte de los planes nacionales y de los mecanismos de financiación climática. En el informe No Escape III, presentado antes de la COP31 de Antalya, la agencia de Naciones Unidas reclama más inversión a largo plazo en adaptación y una participación efectiva de las comunidades afectadas.
La agencia estima que casi 90 millones de personas desplazadas por la fuerza, aproximadamente tres de cada cuatro en el mundo, viven en países con una exposición alta o extrema a peligros climáticos. La cifra describe las condiciones de los países de acogida: no significa que todas esas personas hayan sufrido un mismo desastre ni que todas se desplazaran originalmente por el clima.
Una estimación con alcance definido
El documento sitúa esa proporción a mediados de 2026 y señala riesgos como sequías, inundaciones y calor extremo. Su bibliografía indica que el análisis de exposición se apoya en un estudio sobre peligros climáticos combinados todavía pendiente de publicación. Conviene mantener esa limitación al interpretar la cifra, que ACNUR presenta como parte de su diagnóstico.
La organización sostiene que la respuesta debe superar la ayuda de emergencia y reforzar los servicios públicos, los medios de vida y las infraestructuras capaces de resistir impactos climáticos. También reclama incorporar la situación de desplazamiento a los sistemas nacionales de datos, a la planificación y a las prioridades de inversión.
Inversión y decisiones locales
El informe recoge que los países frágiles y afectados por conflictos reciben alrededor del 10% de la financiación climática mundial, según el análisis citado por ACNUR. Ese porcentaje se refiere a países, no a una cuota de dinero entregada directamente a las personas refugiadas. La agencia pide financiación accesible que evite añadir cargas de deuda a las comunidades vulnerables.
Como ejemplos de adaptación, ACNUR menciona sistemas de agua con energía solar en el Sahel, agricultura resistente al clima en Uganda y restauración de tierras y manglares en Colombia. Su petición ante la COP31 es dar continuidad a esas iniciativas e incluir a las comunidades desplazadas y de acogida en las decisiones sobre financiación y aplicación de los proyectos.
