La Comisión Europea mantiene a España entre los Estados miembros bajo presión migratoria en el informe anual de asilo y migración publicado el 6 de noviembre. La evaluación incluye también a Grecia, Chipre e Italia. En el caso español, el documento toma en cuenta las llegadas a Ceuta de los días 30 y 31 de julio de 2026, incorporadas a petición de las autoridades españolas.
Ese detalle modifica el resultado de la evaluación. El periodo estadístico principal abarca del 1 de julio de 2025 al 30 de junio de 2026. Según explica la Comisión, si se consideraran únicamente los datos correspondientes a esos doce meses, España quedaría en la categoría de riesgo de presión migratoria. La información adicional de Ceuta lleva a clasificarla como país bajo presión.
Los datos y el periodo de referencia
El informe atribuye a España aproximadamente el 20% de los cruces irregulares de las fronteras exteriores registrados en la Unión durante el periodo analizado. También señala un descenso del 22% en las solicitudes de protección internacional respecto al periodo anterior. Ambas cifras describen indicadores distintos: una reducción de solicitudes puede coexistir con obligaciones elevadas para el sistema de acogida y asilo.
La Comisión sitúa a España en el cuarto puesto por solicitudes de protección internacional en términos absolutos y en el tercero al relacionarlas conjuntamente con población y producto interior bruto. Son las comparaciones utilizadas por el documento para su evaluación; no equivalen a contar todas las personas extranjeras residentes ni a medir una situación individual.
El siguiente paso de la solidaridad europea
El informe distingue los países bajo presión, los que están en riesgo de sufrirla y los que afrontan una situación migratoria significativa. Esas categorías tienen consecuencias distintas en el mecanismo europeo de solidaridad. Los países bajo presión pueden acceder al fondo de solidaridad conforme a las reglas descritas, mientras los que están en riesgo cuentan con prioridad en las herramientas de apoyo correspondientes.
La publicación inicia el segundo ciclo anual de gestión migratoria. El documento prevé que los Estados acuerden en el Consejo el tamaño del fondo y sus contribuciones para 2027, antes de organizar su aplicación. La evaluación de España es una parte de ese proceso: no acredita por sí sola que se hayan realizado ya pagos, traslados o nuevas asignaciones individuales de acogida.
