La comodidad de recibir un paquete en casa tiene una cara que apenas aparece en la pantalla de compra. Una investigación policial en Fuenlabrada, descrita por El País, ha puesto el foco en repartidores a pie que trabajaban sin contrato y cobraban cantidades muy reducidas por cada entrega.
El reportaje recoge pagos de hasta 70 céntimos por paquete y jornadas extensas, con ingresos mensuales que podían quedarse en torno a 600 euros. Son condiciones atribuidas al caso investigado, no una descripción de todo el sector de la logística.
Una cadena de intermediarios
La operación analiza cómo se organizaban las rutas y cómo circulaban los pagos entre una empresa, intermediarios y los repartidores finales. El uso de una aplicación para registrar entregas no acredita por sí mismo que quienes transportan los paquetes tengan una relación laboral regular.
Las responsabilidades deberán determinarse de manera individual dentro del procedimiento. La información periodística describe indicios e intervenciones policiales; no permite dar por condenadas a las personas investigadas ni trasladar las sospechas a empresas que no formen parte del caso.
Un mercado que crece mucho más allá de la acera
La CNMC sitúa la facturación del comercio electrónico español de 2025 por encima de 114.800 millones de euros, un 20,6 % más que el año anterior. Es el contexto económico de una actividad que necesita una amplia red de transporte, clasificación y reparto.
Esa estadística mide transacciones y facturación, no las condiciones de empleo de cada repartidor. Precisamente por eso, el éxito comercial de una plataforma y la situación de quienes completan el último tramo deben examinarse con datos diferentes.
La cuestión que plantea el caso no es si comprar por internet resulta cómodo, sino cómo se reparten los costes de esa comodidad. La última milla no se vuelve menos trabajo porque se recorra andando, y una entrega registrada en una aplicación no convierte automáticamente en regular todo lo que sucede antes de que suene el timbre.
