El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha anunciado unos 1.000 monitores y observadores electorales para la jornada de este 3 de noviembre. El organismo afirma que su dispositivo abarcará por primera vez los 50 estados y que es el mayor de su historia. Son las cifras del despliegue comunicado por la institución, no un recuento independiente de agentes presentes en cada colegio.
La coordinación corresponde a la División de Derechos Civiles. Participarán trabajadores de esa división, otras unidades del departamento, fiscalías federales y observadores de la Oficina de Gestión de Personal, conocida como OPM. El comunicado señala que mantendrán contacto con las autoridades electorales estatales y locales durante la jornada.
Qué funciones atribuye Justicia al dispositivo
El departamento explica que los monitores comprobarán el cumplimiento de las normas federales sobre el derecho al voto dentro de sus competencias. Entre las materias citadas figuran el registro de electores, el acceso a la votación y las garantías para ciudadanos que votan desde el extranjero. La relación incluye distintas leyes, no una única función de supervisión.
La sección dedicada a los derechos de las personas con discapacidad se ocupará de la igualdad de acceso a las urnas. La sección penal atenderá las disposiciones contra la intimidación y determinadas formas de supresión del voto. Estas son las tareas que describe el organismo; anunciarlas no demuestra que se haya producido una infracción en un lugar concreto.
El anuncio no es un balance de incidencias
Justicia mantendrá canales para recibir consultas y denuncias durante la jornada y la semana. También indica que los problemas en un centro deben comunicarse a las autoridades electorales locales y diferencia esas incidencias de las amenazas o la violencia, para las que remite a la policía. El comunicado no ofrece resultados de inspecciones ni un balance final de denuncias acreditadas.
Axios recoge, además, preocupación de responsables electorales locales ante la magnitud del dispositivo y su posible efecto sobre los votantes. Ese temor no equivale a acreditar una actuación intimidatoria. La información confirmada hoy es el programa que anuncia Justicia; su desarrollo efectivo y cualquier incidencia necesitan pruebas y seguimiento propios.
